El pasado 10 de febrero la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la cámara de senadores, a conformar una Comisión de Investigación Independiente para los Casos de Pederastia Clerical en México”.
La noticia al respecto fue publicada en diversos medios de alcance nacional sin profundizar en el texto mismo de la “Proposición” en el que hay algunos aspectos que sería bueno dar a conocer:
El objetivo de los senadores Martha Lucía Micher Camarena y Germán Martínez Cázares, quienes presentaron la proposición, es “fortalecer el Estado de Derecho y, sobre todo, garantizar la reparación integral del daño de todas las víctimas, directas e indirectas, de pederastia clerical en México”.
Los Senadores reconocen que “en 2013, ante la gravedad del problema, surgió dentro de la Iglesia Católica, una iniciativa de crear una comisión de expertos, que fungiera como un órgano asesor del Papa con el fin de garantizar la protección de menores y adultos vulnerables. Los Estatutos de la Comisión Pontifica para la Protección de los Menores fueron en consecuencia aprobados formalmente por la Santa Sede el 21 de abril de 2015 y fue conformada por miembros de diversos perfiles, con el fin de llevar a cabo las investigaciones y recomendaciones pertinentes”.
También reconocen que la Santa Sede se adelantó a las observaciones que le hiciera en 2014 el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, puesto que le pedía que “estableciera un mecanismo de alto nivel con capacidad para coordinar los consejos pontificios y conferencias episcopales, los temas relacionados con la protección de los derechos de la infancia”.
En México, en la CIV Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en noviembre de 2017, se aprobaron las “Líneas Guía del procedimiento a seguir en casos de abuso sexual de menores por parte de los clérigos, conforme a la legislación sustantiva y adjetiva penal de la Ciudad de México” y posteriormente en la CVIII Asamblea Plenaria, en noviembre de 2019, se presentó el “Protocolo de Protección de Menores de edad en el Ámbito Eclesial Conforme a la Legislación Mexicana”.
Ante tal disponibilidad por parte de la Iglesia los senadores se percatan de que el Estado Mexicano no ha cumplido con las diversas recomendaciones que también le hizo el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que “se ve obligado a tomar acciones urgentes y concretas en la materia para dar el debido cumplimiento a las diversas recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas”.
En sus consideraciones los autores de la “Proposición” reconocen que hay “dificultad de recopilar información por el tratamiento inadecuado de la información existente en la materia y la falta de transparencia por parte de las autoridades, así como por la existencia de un marco jurídico poco eficiente que a la fecha no ha logrado castigar eficientemente la pederastia en México, sobre todo por la limitante de la prescripción de este delito que el derecho mexicano aún prevé, …”
En el Caso de la Iglesia Católica, el delito de abuso a un menor, en la práctica no prescribe y el 17 de diciembre de 2019 el Papa Francisco anunció la abolición del denominado “secreto pontificio” respecto a las investigaciones de casos de abusos a menores, lo cual es considerado por los senadores Micher y Martínez, “un esfuerzo más desde la autoridad clerical en la lucha por combatir la pederastia”.
La Conferencia del Episcopado Mexicano reporta 17 Diócesis que cuentan ya con una Comisión Diocesana para la Protección de los Menores, y augura que pronto todas las diócesis puedan contar con la propia, (el documento Vos Estis Lux Mundi, les ha dado plazo de un año para instituirla)… lo mismo auguramos para la Cámara de Senadores, ojalá pronto puedan contar con la propia Comisión para que los esfuerzos de uno y otro lado logren el objetivo: erradicar “esta tragedia social”.
